Humberto Gabriel Cuc Coc
Humberto Gabriel Cuc Coc es un defensor de derechos humanos, maya Q'eqchi', originario de la aldea de Santa María Cotoxja, ubicada en el área sur del municipio de El Estor, Izabal, que impulsa los derechos de los pueblos indígenas, tierra, territorio y el ambiente. Actualmente, se desempeña como autoridad ancestral Maya Q’eqchi’ y es integrante de las Autoridades Ancestrales de Iximulew, un espacio que reúne autoridades legítimas de los pueblos Garífuna, Xinka y Maya de diversos territorios en Guatemala.
El defensor de derechos humanos es conocido por apoyar a comunidades que resisten las plantaciones de monocultivos, que contaminan el ambiente y atentan contra sus formas de vida, así como de comunidades que resisten la violencia causada por la explotación minera en sus territorios. Esto incluye a comunidades afectadas por la plantación de palma de aceite de NaturAceites y también a aquellas comunidades afectadas por las actividades mineras de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (PRONICO) y de Fenix Nickel Co. Como resultado de su trabajo, Humberto ha sido objeto de de amenazas y hostigamiento, especialmente de empleados de dichas empresas.
Humberto también es integrante de la resistencia en contra de la explotación minera en Izabal, un movimiento organizado por el Consejo Ancestral Maya Q’eqchi´, comunidades Q’eqchi’ y pescadores de El Estor y municipalidades aledañas en respuesta a la continúa violencia que enfrentan las comunidades en sus territorios. El movimiento busca defender el territorio y proteger el Lago Izabal de las numerosas violaciones de derechos humanos resultado de las actividades mineras de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (PRONICO) y de Fenix Nickel Co (que tiene principalmente capital de Estados Unidos a través de la filial suiza Solway Investment Group).
El movimiento de resistencia actualmente está preocupado por la concesión de dos nuevas licencias mineras en el territorio de El Estor. Las comunidades han denunciado que las empresas adquirieron previamente las tierras y el área que rodea sus proyectos mineros mediante procesos históricamente vinculados a graves violaciones de los derechos humanos contra el pueblo Maya Q'eqchi'. Estas violaciones han sido bien documentadas, sin embargo, se le ha otorgado a las empresas licencias de exportación y explotación a través de los años sin llevar a cabo una adecuada consulta previa, libre e informada con las comunidades afectadas.
Desde que Otto Pérez Molina asumió la presidencia en enero de 2012, han aumentado los casos de hostigamiento y amenazas contra DDH. Los defensores y defensoras de derechos humanos (DDH) de Guatemala son objeto de amenazas de muerte, ataques físicos, acoso, vigilancia, estigmatización, hostigamiento judicial, detención arbitraria, desaparición forzada y asesinato. Muchas de las violaciones son perpetradas por estructuras clandestinas de seguridad y grupos ilegales. El alto nivel de impunidad que gozan los perpetradores aumenta exponencialmente el riesgo para los/as DDH.
